Agricultores y vecinos de Lucena del Puerto (Huelva) acordaron este martes por la tarde en una reunión hacer turnos para vigilar la zona de El Gago, donde se encuentra la mayor parte de los pozos sancionados que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tiene planeado cerrar en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2017 y que el pasado lunes no pudo efectuar tras la movilización ciudadana que lo impidió.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Agricultores del Condado, Vicente Ojuelos, ha asegurado que, tras acordarlo en este encuentro, también esta mañana ya se han enviado cartas para mantener una reunión con la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, para preguntarle por la llegada del agua superficial, con representantes de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y con otras comunidades de regantes de la provincia. Todo ello con el objetivo de que “se una todo el sector”.
En este sentido, ha precisado que la zona, para impedir que los técnicos de la CHG realicen el cierre de los pozos, “estará vigilada por agricultores, gente de Lucena y vecinos de otros pueblos del Condado porque hoy ha tocado aquí pero mañana cerrarán pozos en otras localidades”.
Durante la jornada del pasado lunes cientos de vecinos, agricultores, trabajadores del campo, comerciantes, que cerraron sus negocios, y de otros sectores de la localidad convocaron una concentración espontánea en el paraje que finalmente acabó con los pozos sin sellar.
Esta concentración la organizó “el pueblo porque sin agua superficial Lucena se muere y se arruina el sector”, aseguró Ojuelos, al tiempo que dejó claro que están de acuerdo con el cierre de estos pozos pero “antes necesitamos el agua, no se pueden cerrar sin darnos ninguna solución que durante 30 años nos han prometido”.
“El trasvase está aprobado pero no hacen la obra y no hay agua”, lamentó este agricultor, quien insistió en que “no solo en Lucena sino en todo el Condado sin agua no se puede trabajar y sería una ruina para un sector que da entre 140.000 y 150.000 puestos de trabajo”. La concentración fue “pacífica en todo momento”, y cuando llegaron los vecinos a la zona “había allí unos diez técnicos acompañados por unos 50 agentes de la Guardia Civil”.
Por su parte, la CHG, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha iniciado el cierre de nuevos pozos sancionados en el entorno de Doñana. En concreto, la pasada semana se procedió al sellado del primero de los cuatro sondeos situados en una finca del entorno de La Cañada, en el T.M. de Almonte, propiedad de una multinacional agroalimentaria.
Con respecto a los tres pozos restantes, se comprobó que están inutilizados, sin elementos de extracción y tapados con chapa soldada, no obstante, al estar también sancionados en expedientes posteriores por la CHG, se cerrarán subsidiariamente el próximo mes de julio, una actuación que se verá completada con el cierre de estos 77 pozos sancionados en Lucena del Puerto.
CUMPLIR UNA SENTENCIA DEL TSJA
Al respecto, desde este organismo señalaron a Europa Press que ellos se limitan a “hacer cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2017 pero, ante la concentración de los vecinos y por recomendación de la Guardia Civil, abandonaron los trabajos en esa jornada”.
No obstante, insistieron que ha sido un juez quien ha ordenado el cierre de estos pozos, que “obligaba al Ayuntamiento de Lucena a hacerlo o a la ejecución subsidiaria por parte de la CHG con cargo al Consistorio”. Por tanto, aseguraron que no saben cuál va a ser el siguiente paso pero sí tienen claro que “tienen que hacer cumplir estas sentencias”.
VALORACIÓN DEL ALCALDE
Por su parte, el alcalde de la localidad, Manuel Mora (Independientes por Lucena), incidió este martes en que “antes” de cerrar estos 77 pozos ilegales en parajes de la localidad se dé “alternativas” a los agricultores que necesitan el agua para llevar a cabo su trabajo.
En declaraciones a Europa Press, Mora señaló que desde el Ayuntamiento muestran su “respeto a las resoluciones judiciales” que han dictado el cierre, pero ha manifestado que “es una barbaridad” que se cierren los pozos, 77 más otros seis que también se tienen que sellar que provienen de otras resoluciones –según él mismo ha indicado–, si no se ha buscado una alternativa que provea de agua a los agricultores, que sería lo “razonable”.
En este sentido, el alcalde independiente informó de que el cierre de los pozos afecta a una treintena de familias de forma directa y a la propia institución local, ya que los pozos se hallan en terreno municipal. Asimismo, aclaró que está al tanto de las acciones que están llevando a cabo agricultores y vecinos y que, por ahora, el Ayuntamiento se mantienen al margen de las mismas.
