La Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Huelva ha denegado la autorización para poner en regadío 163 hectáreas de monte público catalogado de la Dehesa Boyal de Trigueros (Huelva), incluidas dentro de la zona de ‘Los Palmares’, que se pretendían dedicar a agricultura industrial, reconociendo las alegaciones de los ecologistas en contra de esta transformación, lo cual ha sido motivo de felicitación para la organización.
La Dehesa Boyal es un complejo de lagunas temporales, de “gran importancia” por las especies protegidas de flora y fauna que alberga y el grupo de fincas conocidos como ‘Los Palmares’, de 358 hectáreas, incluye monte público catalogado y bien comunal de Trigueros, cuyo Ayuntamiento lo arrendó a una empresa agrícola por un periodo de 30 años “sin estudio previo de viabilidad”, en el que se hubiese tenido en cuenta la presencia de ecosistemas singulares o la disponibilidad de agua, han informado los ecologistas en una nota.
Ecologistas en Acción alegó en contra de esta transformación, recordando además que ya propuso su inclusión en el Inventario de Humedales de Andalucía, ya que el complejo de lagunas endorreicas conocidas como Dehesa Boyal conforman, en su conjunto, un ecosistema de gran importancia, con taxones protegidos de flora, que también alberga a fauna singular.
La Junta “reconoce en su resolución la importancia de este espacio húmedo y señala en la respuesta a las alegaciones ecologistas que su Delegación de Huelva informó favorablemente a su inclusión en el Inventario de Humedales”. Por lo tanto la asociación se alegra de este reconocimiento de los valores ambientales de este sistema singular de lagunas temporales y exigirá a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Trigueros que adopten las medidas necesarias para su conservación y mejora.
Asimismo, Ecologistas en Acción de Huelva ha manifestado que “sigue sin entender que entidades que debían proteger su patrimonio forestal como el Ayuntamiento de Trigueros se hayan dedicado a impulsar operaciones de transformación en regadío en zonas catalogadas de monte público, cuando saben que no pueden ser autorizadas legalmente”.
La asociación ha insistido en que también alegó que “no está justificada ni documentada la existencia de agua necesaria en condiciones adecuadas para dicha transformación y las instalaciones anejas”, ya que todo el proyecto está basado en el uso de las aguas residuales tratadas de Beas, Trigueros y San Juan del Puerto.
Por todo ello, Ecologistas “se mantendrá vigilante” para que esta concesión de aguas residuales “no se convierta en el futuro en una coartada para la solicitud de aguas superficiales de riego procedentes de otras cuencas”, práctica de hechos consumados que “parece extenderse en la agricultura intensiva, en vez de la necesaria planificación rigurosa que se debería exigir en tiempos de emergencia climática”.
