El Defensor del Pueblo no ve congruente con el mandato constitucional de usar los recursos naturales de manera racional el hecho de reconocer nuevos usos del agua, incluidos la legalización de regadíos irregulares, ignorando la situación cuantitativa y cualitativa de las masas de agua subterránea y el ciclo hidrológico.
Así lo manifiesta en su informe anual de actividad del año 2022 presentado este lunes, en el que recoge sus actuaciones y consideraciones, también en el ámbito medioambiental, como por ejemplo la situación de los acuíferos subterráneos que abastecen al Espacio Natural de Doñana, entre otros aspectos sobre la protección de fauna y flora y contaminación atmosférica.
Precisamente, la institución reconoce que la gestión del agua y su relación con los espacios naturales es “motivo frecuente de quejas y actuaciones”. De hecho, se refiere que el verano y otoño de 2021 se puso de manifiesto que las extracciones de aguas destinadas al riego ilegal, así como el abastecimiento de Matalascañas (Huelva) continuaban poniendo en riesgo las amas de agua subterránea de las que se nutren las lagunas superficiales y que constituyen el soporte “fundamental de la riqueza ecológica” del espacio natural de Doñana, todo ello agravado por la sequía.
En su informe, refleja que en 2022 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) remitió información detallada sobre nuevas concesiones de agua, sanciones impuestas y pozos ilegales cerrados y la conclusión es que el estado global de las masas de agua subterránea en Almonte, Marismas y la Rocina (Huelva) sigue siendo malo, ya que no varía respecto al descrito en el plan hidrológico “a pesar del progreso alcanzado en los últimos años”.
Por ello, espera que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico pueda llevar a cabo “con máxima celeridad” el Marco de Actuaciones para Doñana anunciado a finales de 2022.
COSTAS, AFECTADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Por otro lado, la memoria anual de actividad incluye otras actuaciones y preocupaciones de la institución sobre la costa española, a la que define como “uno de los espacios naturales más gravemente afectados por las consecuencias del cambio climático”.
En ese sentido, recuerda a la Administración si bien no está obligada a regenerar las playas en todos los casos, en especial cuando la erosión esté causada por la ocupación ilegal del dominio público martítimo-terrestre o por proceso urbanísticos irregulares, sí puede declarar la nulidad de las concesiones de ocupación de costa.
Al respecto, en el informe se recogen casos particulares como un hotel que ocupó la plana de La Oliva, en Fuerventura; las instalaciones de Radio Liberty en la playa de Pals (Gerona).
Sobre el hotel de Fuerteventura, el Defensor del Pueblo concluyó la investigación con la Demarcación de Costas de Canarias, tras constatar que el procedimiento de caducidad de la concesión en trámite tenía fundamento legal, a la vista de que el titular había realizado obras y aumentado el volumen y la superficie del hotel que regenta.
En el segundo caso, la institución destaca que un precepto clave par la protección del litoral es el que limita la construcción o pervivencia de las instalaciones en el dominio público a aquellas que por su naturaleza no puedan ubicarse en otro lugar y añade que no resulta compatible con el ese objetivo mantener instalaciones en mal estado o derruidas que, además de perjudicar la playa y el paisaje, pueden suponer un peligro para la seguridad de las personas.
Al respecto celebra que la Administración de Costas ha actuado conforme a ley al adoptar la decisión de retirar esas instalaciones y recomienda a las administraciones que manifestaron interés expreso en mantener las instalaciones de radio Liberty que tienen la posibilidad de habilitar espacios de divulgación fuera de la zona de dominio público, para recordar y difundir el papel que desempeñaron estas instalaciones radiofónicas durante la guerra fría.
Asimismo, recuerda a la Administración de que en el plazo máximo de seis años debe contar con un plan de gestión para cada espacio incluido en la Red Natura 2000, pero denuncia que ese plazo no se ha cumplido, por ejemplo, en el espacio marino de la Isla de Tabarca (Alicante), designado lugar de importancia comunitaria en 2006 y que “a la fecha” la Secretaría de Estado de Medio Ambiente no ha comunicado al Defensor del Pueblo la aprobación de su plan de gestión.
FAUNA, FLORA Y CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Por último, en materia de protección de la fauna y la flora, el informe anual del Defensor del Pueblo recoge actuaciones en materia de incumplimiento de la Directiva de Aves y pide a las administraciones públicas que tengan un conocimiento “lo más exacto posible” del estado de las poblaciones no solo de las que están protegidas o en estado desfavorable sino a todas ellas.
En concreto, pide al Principado de Asturias que continúe realizando censos de cormoranes y mejore el conocimiento de las distintas causas que influyen en la pérdida de salmónidos, dado que se ha autorizado una captura de ejemplares por su incidencia negativa de estas en la existencia de salmones par la pesca. Así, insta al Principado a tener en consideración las conclusiones de asociaciones especializadas y a los estudios que conforme a criterios científicos realicen.
En materia de contaminación atmosférica, para el Defensor la falta de certeza sobre el origen de riesgos y la incertidumbre respecto a la relación entre enfermedad y fuentes de contaminación no debe impedir la adopción de medidas para corregirla.
A ese respecto se refiere en particular a la situación de contaminación atmosférica en el oeste de Gijón (Asturias), al escaso control de la contaminación procedente del polígono petroquímico de Almassora (Castellón) o a las quejas por mala calidad del aire en Cordobilla de Lácara (Badajoz) por la producción de carbón vegetal.
