MADRID/SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) –
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) “observan con preocupación” la iniciativa presentada por PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox en el Parlamento andaluz sobre la ampliación de las superficies regables en el entorno del Parque Nacional de Doñana, aunque confirma que la Confederación Hidrográfica no ha recibido aún la propuesta del Parlamento autonómico.
Así consta en una respuesta escrita del Gobierno a una pregunta parlamentaria de Más País-Verdes Equo, en la que explica que para el Ministerio y la Confederación esta iniciativa autonómica “puede hacer más difícil” la gobernanza y la gestión del dominio público hidráulico (DPH), en cuanto al procedimiento de clausura de captaciones ilegales.
En todo caso, recuerda que el organismo de la administración pública competente, encargado de otorgar nuevas concesiones, modificar o revisar las vigentes es el la confederación hidrográfica del Guadalquivir, que valora de forma negativa la opción de otorgar nuevas concesiones de aprovechar aguas públicas en este área, pues “se pondría en riesgo” el cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos en la Directiva Marco del Agua.
Por otro lado, respecto al mismo tema pero en este caso para responder por escrito a una pregunta de Unidas Podemos, destaca que ante esta preocupación, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está desarrollando “toda una batería de medidas” en Doñana que van desde el control “exhaustivo y constante” mediante
teledetección y guardería de los riegos legales y eliminación de todos los riegos ilegales.
En concreto, refleja que la Confederación Hidrográfica ha realizado 450 inspecciones, en ocasiones con el apoyo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de Huelva.
POZOS CERRADOS Y SANCIONES
Además, entre los años 2020 y 2021 ha incoado 1.010 expediente sancionadores por detracción ilegal de agua, 93 de los cuales se han resuelto en sanciones y se han cerrado 117 pozos por procedimiento de ejecución forzosa.
Del mismo modo, asegura que, hasta la fecha se han eliminado 10,5 hectómetros cúbicos de bombeos; 6,8 hm3 tras la compra de la finca ‘Los mimbrales’ y 3,7 hm3 de la sustitución de 814 hectáreas de aguas subterráneas por superficiales procedentes de las cuencas del Guadiana y del Tinto, Odiel-Piedras, lo que ha conllevado a la clausura de un total de 420 pozos.
Asimismo, afirma que ese tipo de medidas seguirá a lo largo del ciclo Este proceso continuará a lo largo del ciclo de Planificación, como en la conexión de Matalascañas con la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Tinto en Moguer para sustituir a los pozos actuales (con inscripción en el Catálogo de Aguas Privadas), la aportación de hasta 20 hm3 recursos en base a la Ley 10/2018 o el recrecimiento del embalse del Agrio.
Al mismo tiempo, está desarrollando un plan de investigación en aguas subterráneas mediante convenios con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y con la Universidad Pablo de Olavide y se ha declarado tres masas de agua subterránea en “riesgo de no alcanzar el buen estado”, lo que anteriormente se conocía como declaración de sobreexplotación. Esa es una herramienta jurídico-administrativo de más calado de las que dispone la administración hidráulica.
Por último, añade que en el próximo ciclo de planificación hidrológica (2020-2027) se acometerán medidas adicionales por un valor de más de 200 millones de euros hasta 2027 entre las que figuran mejoras en depuración en grandes núcleos que vierten al estuario como Sevilla, y en los menores de 10.000 habitantes que vierten directamente a Doñana, con depuración con tratamiento terciario; la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Matalascañas; la restauración hidrológica con la culminación de las actuaciones de mejora del río Guadiamar del Programa Doñana 2005 pendientes, reubicación de sondeos de abastecimiento, recarga artificial de acuíferos y otras.
Igualmente, el plan hidrológico contempla mejoras en las redes de control y en investigación y medidas de gobernanza para desarrollar la declaración de tres masas de agua subterránea como “en riesgo de no alcanzar el buen estado”, con la constitución de Comunidades de Usuarios y el diseño de programas de actuación.
