El número de apartamentos turísticos clandestinos ofertado en Internet se ha disparado en los últimos años y la provincia de Huelva suma ya unas 4.400 viviendas no regladas que sus propietarios ofrecen en distintas plataformas para su alquiler turístico, y en las que se pueden alojar un total de 23.276 personas, de acuerdo con el último ‘Informe de Viviendas Turísticas y Apartamentos con Finalidad Turística’ del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva al que ha tenido acceso esta redacción. Esta cifra contrasta con la oferta reglada, que alcanza 1.880 viviendas y 15.480 plazas entre las figuras VFT (Viviendas con Fines Turísticos), VTAR (Vivienda Turística de Alojamiento Rural) y apartamentos turísticos reglados, de forma que la oferta clandestina casi dobla a la regulada por ley, y sin contar con aquellos apartamentos no anunciados en ninguna plataforma pero que se alquilan sin cumplirse con la normativa.
De hecho, solo los apartamentos turísticos reglados, los que más se asemejan al caso en cuestión, son 51 en Huelva, con 5.491 plazas, frente a las 4.400 viviendas de este tipo no regladas que existen en toda la provincia y su oferta de 23.276 plazas. Además, esta cifra casi equipara a las del sector hotelero, que en Huelva cuenta con unas 29.500 plazas en este momento.
Esta situación mantiene al sector en vilo y deja graves perjuicios económicos en buena parte de la provincia, ya que el turismo no está concentrado en una única comarca, sino distribuido por toda Huelva, con grandes focos en la Costa, la Sierra y la capital. En este sentido, el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba, lamenta que “no se esté jugando con las mismas reglas”, puesto que “la competencia es buena, pero siempre que sea competencia leal, y esto no lo es”. Así, critica que los responsables de este tipo de alojamientos clandestinos “no contribuyen, la mayoría no paga impuestos, y no hay ningún organismo que controle lo que se ofrece como servicio, algo que sí ocurre en el caso de las figuras VFT, VTAR, los apartamentos turísticos reglados y los hoteles”.
Así, y siguiendo los datos de este informe, a un precio medio de 75 euros por día en un apartamento turístico, la facturación correspondiente a la oferta no reglada se equipara a algo más de 38 millones de euros, lo que dejaría 7,99 millones por el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Asimismo, en concepto de IBI, los ingresos también serían mayores para las arcas públicas, y la media de recaudación por IBI residencial se acerca a los 2,21 millones de euros, un 48% de diferencia con el apartamento regular, lo que supone una nueva pérdida de 1,06 millones en la recaudación.
A todo esto se suma también la pérdida de puestos de trabajo en un momento en el que el empleo se ha convertido en uno de los principales problemas para la ciudadanía. Así, Barba lamenta que “esta actividad clandestina deja escapar 1.650 empleos que podrían generarse en caso de que la oferta fuera reglada”, unos puestos de trabajo que “se sumarían a los 17.000 empleos directos que ha generado el sector de hostelería y hoteles en Huelva en el mes de agosto”.
El secretario del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva ha explicado que ya en 2016 se planteó una normativa flexible para la legalización de este tipo de viviendas, pero, aún así, “solo se han regularizado en estos tres años unos 1.400 alojamientos de unos 6.000 existentes entonces”, y todo esto con “unas condiciones más favorables que las que se exigen a los alojamientos hoteleros”. De esta forma, aunque la cifra ha bajado, la disminución ha sido muy pequeña y el número de alojamientos clandestinos sigue siendo muy elevado, lo que supone “un fracaso” para el sector.
Pero el problema no queda aquí, pues los huéspedes no tienen una garantía de calidad al alojarse en este tipo de viviendas, ya que algunas “ofrecen un número de plazas muy superior a su capacidad alojativa”, a lo que se suma “la falta de control por parte de la inspección turística”, y ya “hay muchos casos de turistas que se encuentran con un alojamiento en malas condiciones” debido a esta situación. Por ello, desde el sector insisten a los ciudadanos a que revisen la inscripción de la vivienda en el RETA antes de realizar su reserva, para contar así con la garantía de que se está cumpliendo con la normativa. Por su parte, exigen a los propietarios de este tipo de alojamientos que cumplan con la ley y sigan las mismas reglas del juego que el resto.
