La Comisión Provincial de Seguimiento del Convenio para la Ordenación, Coordinación e Integración Sociolaboral de los Flujos Migratorios en la Campaña Agrícola de Temporada en Huelva se ha reunido este miércoles para hacer balance, coordinar y consensuar las actuaciones de la todavía vigente campaña y la próxima que dará comienzo en breve. Hasta 107.000 personas han trabajado en la misma, lo que ha hecho que el sector agrícola contribuya en Huelva a que, por primera vez en décadas, se recaude por encima de la nómina de pensiones en el mes de mayo
La reunión ha sido presidida por la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo; la directora general de Inmigración, Laura Minguito Gil; la jefa del Area Gecco, Aranzazu Herrero Merino y el jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, Antonio Alvarado Barroso, así como representantes de empresas y sindicatos que conforman este foro, los cuales han expuesto el carácter de coordinación y de comunicación de esta reunión, para analizar los datos buscando la transparencia en todo el proceso, ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota.
En esta última campaña, ha destacado la subdelegada, la Administración del Estado “ha realizado una especial atención al buen desarrollo de la misma, en el ámbito de la protección de los derechos de las personas trabajadoras, llevándose a cabo una óptima aplicación del protocolo conjunto realizado con la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil”.
Al respecto, ha subrayado que se han facilitado visitas a las explotaciones agrícolas, priorizando la calidad de las mismas en cuanto al cumplimiento de la normativa y la vigilancia ante posibles situaciones de abuso o fraude.
Del mismo modo, ha incidido en que esta campaña ha contribuido a que Huelva, por primera vez en décadas, presente un superávit entre la recaudación realizada y las pensiones y contingencias abonadas durante el mes de mayo.
“Un dato económico sin precedentes gracias al sector agrícola de nuestra provincia y al seguimiento, control y ayuda por parte de la Administración del Estado”, ha remarcado la subdirectora general de Inmigración, indicando además que, en este sentido, “toda la sociedad se beneficia del proyecto migratorio circular, que hay que cuidar y seguir mejorando”. De hecho, ha asegurado que Huelva es “la segunda provincia de España que más jornales declara en la Seguridad Social, después de Murcia”.
LA CAMPAÑA
Durante la reunión han subrayado que casi 15.000 personas llegaron a la provincia procedente del contingente contratado en origen de Marruecos, para la recolección de fresas, frambuesas, arándanos moras, y otros cultivos frutales, así como que ha sido posible la prorrogación de un importante número de contratos, dando lugar a numerosas jornadas de trabajo coincidiendo con la mejora de la producción de diversas variedades y, en la recuperación de la competitividad en los mercados, saliendo así todo el sector beneficiado, priorizando en la retribución a las trabajadoras y a la protección de sus derechos.
A pesar de las circunstancias climatológicas, el esfuerzo conjunto Gobierno, Estado Marroquí, Anapec, Consulado, dirección General de Migraciones, subdirección General de Inmigración, jefatura Área Gecco , dependencia de Trabajo de la Subdelegación, asociaciones empresariales y la profesionalidad de las personas trabajadoras que llegaron a las explotaciones agrícolas, ha transcurrido con total normalidad. En total, un 50 por ciento ya ha vuelto a su país pero aún quedan colectivos, especialmente en la recolección de arándanos.
Durante el encuentro se ha recalcado la necesidad de la coordinación y el consenso con los trabajadores y la importancia que supone la persona migrante, de ahí el impulso a la contratación en origen, garantizando sus derechos laborales e inquietudes, destacando la mediación, la salud, la justa retribución y la fidelización en el contrato.
Por último, se ha hecho un amplío análisis de la situación actual y la eficiencia de la activación de los protocolos diseñados para la detección precoz de cualquier infracción, tanto administrativa como posibles conductas constitutivas de delito contra los derechos de los trabajadores.
