El que fuera alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez, y su concejal de Hacienda y Recursos Humanos, José Carlos Curto, ambos del PP, realizaron presuntas contrataciones de personal ilegales en el Ayuntamiento de Almonte, según se desprende del escrito de acusación de la Fiscalía por el que ambos tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 14 de noviembre para responder por un presunto delito de prevaricación administrativa y por el que se enfrentan a una pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un periodo de 12 años.
La Fiscalía mantiene que ambos acusados son responsables de contratar de formar ilegal en más de una ocasión a una trabajadora en el Ayuntamiento de Almonte. Se da la circunstancia de que esta persona mantiene vínculos familiares con dirigentes de IU en la localidad, formación con la que el PP pactó para gobernar el Consistorio entre los años 2011 y 2015, legislatura en la que se produjeron los hechos denunciados., según recuerda la acusación particular.
Esta persona fue contratada por primera vez justo antes del cambio de gobierno mediante un contrato temporal que duró hasta abril de 2012 gracias a una subvención de la Junta de Andalucía para el programa ‘Andalucía Orienta’. Sin embargo, la acusación particular señala que dicha trabajadora abandonó, partir de julio de 2011, ya con el PP en el poder, las funciones asignadas para pasar a ser la mano derecha del concejal de Hacienda, lo que provocó incluso que el Ayuntamiento perdiera dicha subvención al no cumplirse los objetivos.
Pese a ello, el Consistorio volvió a contratarla en mayo de 2012 “sin que se hiciera la oferta preceptiva al SAE y sin proceso de selección, obedeciendo la contratación a la mera voluntad de los acusados”, según el escrito de la Fiscalía. Dicho contrato finalizó el de marzo de 2013 y dio paso a uno nuevo que se extendió desde el 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2015 (también sin oferta y sin proceso de selección).
La Fiscalía recuerda que todo ello se hizo pese a los informes negativos del interventor accidental que advertía de que “la contratación no estaba justificada, puesto que ya había personal en el Ayuntamiento para realizar esas funciones, y además su contratación suponía eliminar el crédito existente para la contratación de interventor y tesorero municipal.
Pese a todo, la trabajadora fue contratada de nuevo desde el 13 de abril de 2015 al 31 de diciembre de ese mismo año. Para ello, se realizó una oferta previa al SAE “adecuando la oferta al perfil concreto” de esta trabajadora, “a sabiendas de que el organismo público únicamente les enviaría como candidata” a esta persona. Ello provocó, además que esta trabajadora adquiriera la condición de indefinida a raíz de la concatenación de contrataciones temporales, “causando un perjuicio a las arcas municipales”.
