El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado (Huelva) ha dictado un auto, con fecha 13 de septiembre, en el que levanta la medida cautelar acordada al objeto de que se realicen “los trabajos de corrección de los impactos producidos” en el acantilado del Asperillo, en Almonte (Huelva), en el Parque Nacional de Doñana, y “la zona vuelva a su estado originario” tras las obras “autorizadas” por el Ayuntamiento de Almonte.
Según han informado desde el TSJA, el juez ha tomado esta decisión después de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Huelva haya elevado al juzgado un oficio “informando de que, en caso de proceder al levantamiento de la medida cautelar (la paralización de las obras), ello no afectaría a la investigación policial en curso”.
De este modo, “no existiendo otra medida a adoptar y considerando la fuerza actuante que el levantamiento de la medida no afectaría a la investigación, no existe motivo alguno para no alzar la misma”, subraya el juez en este auto, y todo ello en el marco de una causa en la que no consta actualmente ninguna persona como investigada.
Hay que recordar que, previamente, el pasado día 2 de agosto este mismo juzgado dictó un auto instando al Ayuntamiento de Almonte a la “inmediata” paralización de las obras autorizadas a una empresa de excavaciones dentro del Parque Natural de Doñana, concretamente en los acantilados del Asperillo.
Así, el juez tomó esta decisión e incoó diligencias previas por un presunto delito contra la ordenación del territorio tras recibir un atestado del Seprona donde se advertía de la existencia de dicho posible delito “al tenerse noticia de la realización de unas obras en lugar que tiene reconocido el carácter de Monumento Natural”, como son los Acantilados del Asperillo, por lo que el Seprona pidió la adopción de la medida cautelar “que en su caso proceda”.
De este modo, atendiendo a dicho atestado, el juez señaló que las obras obedecen a unas labores de mantenimiento en la bajada a la playa utilizada por una empresa de visitas a caballo, contando “las mismas con sendas autorizaciones de 9 y 11 de julio de 2019 otorgadas por el Ayuntamiento de Almonte”, la primera autorizando a la empresa de excavaciones a realizar labores de mantenimiento en la bajada a la playa y la segunda autorizando que se continuara con las labores citadas una vez conocida un acta expedida por el vigilante de Costas el día 10 de julio.
Por ello, el juez, en este auto dictado el 2 de agosto pasado, consideraba probado a través de la documentación que acompaña a las diligencias que la zona se encuentra en el Parque Natural de Doñana y que se estaban realizando obras “que exceden de lo que usualmente puedan considerarse ‘labores de mantenimiento'”. Por ello, dicho auto dictó la paralización de las obras y ahora se ha acordado el levantamiento de dicha medida para que se ejecuten trabajos de corrección en una zona de alto valor medioambiental.
Estos hechos provocaron una oleada de reacciones políticas en la localidad almonteña. De hecho, la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano (Mesa de Convergencia), anunció la apertura de una investigación interna en el propio Consistorio por “si hubiera que depurar responsabilidades políticas” con motivo de estas obras.
