Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) aseguran que la huelga indefinida que comenzaron el pasado 24 de enero en demanda de mejora salariales ha reducido la actividad de juzgados y tribunales en un 60%, lo que se traduce en unas 125.000 vistas suspendidas y 432 millones de euros bloqueados en cuentas judiciales.
Así lo detallan la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados en un comunicado difundido este viernes donde cifran el seguimiento de la huelga indefinida durante esta jornada en un 78%, mientras que el Ministerio de Justicia habla de un 25,61%.
Se trata de una participación levemente mayor respecto al jueves, cuando el comité de huelga estimó un 76%. En cambio, el departamento que dirige Pilar Llop aprecia una disminución desde el 27% del 9 de febrero.
En las más de dos semanas que lleva la huelga indefinida, los LAJ han registrado máximos de 85% y mínimos de 73%; por contra, el Ministerio ha notificado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.
“Para desesperación del equipo ministerial que pensaba que esta huelga no duraría más de dos o tres días vamos ya por la tercera semana, sin que a día de hoy se pueda percibir el menor signo de desgaste en la firme actitud de los huelguistas”, han aseverado.
Y ello, han subrayado, pese a la “táctica de desgaste” que observan en el hecho de que Justicia les convocara el pasado jueves para celebrar una primera reunión entre las partes el próximo 16 de febrero, esto es, a una semana vista.
“No alcanzamos a comprender la innecesaria dilación en el llamamiento del comité de huelga, y las posibles explicaciones que podemos representarnos –cuestiones políticas internas, táctica de desgaste o infravaloración del problema– no justifican el hecho de haber postergado la reunión tantos días”, han reprochado.
En este sentido, han querido dejar claro que son conscientes de que “detrás de cada número hay un ciudadano que se está viendo perjudicado por la negligencia de los directivos de este Ministerio de Justicia”.
Así, han enmarcado “el desconcertante anuncio” del secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tonxu’ Rodríguez, de “posponer” el encuentro con el comité de huelga en el “bucle” en el que dicen haber entrado por este conflicto, y “que pone en evidencia la incapacidad de la señora Llop”.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
La huelga indefinida llega a su jornada número 14 a raíz del conflicto que tiene su origen en “la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas”, en especial la de 2015, lo que –denuncian– ha provocado un “insoportable desequilibrio”.
Los convocantes señalan como “detonante” del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales “sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021”.
Antes de que empezara la huelga, Llop pidió al comité de huelga que huyera de “posiciones maximalistas” porque impedían “buenos acuerdos”. Por su parte, el secretario de Estado de Justicia aseguró que la huelga de los LAJ era una medida “política” y que estaba “fuera de lugar”.
Rodríguez incidió en que “cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tienen un sentido”, puesto que el Ministerio “ha cumplido todos los acuerdos” alcanzados con la representación de estos trabajadores.
Al margen, la semana pasada el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, transmitió a los LAJ que son “una pieza esencial” del Poder Judicial y expresó su “confianza” en que las negociaciones con el Ministerio “puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio”.
