Los médicos de la sanidad privada de Sevilla se movilizan este lunes 23 de enero para reclamar una actualización salarial, puesto que las retribuciones “están congeladas desde hace tres décadas”, y adecuarlas al Índice de Precios al Consumo (IPC) actual. Se trata de un acto de protesta acordado tras una asamblea extraordinaria del Colegio de Médicos de Sevilla y el Sindicato Médicos de Sevilla (SMS) celebrada el pasado 21 de diciembre y en el que esperan reunir a más de medio millar de facultativos.
En ese órgano se informó a todos los colegiados que ejercen en la sanidad privada o mixta de las acciones que emprenderían en demanda de la actualización de sus salarios. “Esta iniciativa responde a las numerosas quejas y muestras de descontento que han hecho llegar al Colegio de Médicos los facultativos, “preocupados por la falta de actualización en los honorarios retributivos por parte de las compañías aseguradoras sanitarias”, recuerda el Colegio de Médicos en una nota de prensa.
Esta circunstancia “está repercutiendo en la seguridad de los pacientes y en la calidad de la atención ofrecida en ese ámbito de la sanidad”. De esa forma, el Colegio de Médicos, junto con el SMS, han establecido un calendario de protestas que se inicia este lunes “ante la falta de acuerdo por parte de las compañías aseguradoras hasta la fecha”. Además, el presidente del órgano colegial, Alfonso Carmona, ha señalado que “espera recibir también el respaldo y el apoyo de los profesionales que trabajen en otras provincias andaluzas, sumándose también a estas movilizaciones”.
Carmona ha indicado la hoja de ruta prevista y ha señalado al respecto que las primeras movilizaciones afectarán “únicamente a las citas en consultas de todas las especialidades y de todas las compañías, lo que excluye por completo a las intervenciones quirúrgicas, por el momento”. Además, ha explicado que “los servicios de urgencias funcionarán con total normalidad”.
El Colegio de Médicos de Sevilla y el Sindicato Médico de Sevilla esgrimen que no haber tenido en cuenta los incrementos del IPC, “ha supuesto una pérdida del 145% de las retribuciones de los profesionales de este sector, en un contexto, además, de insoportable y elevada inflación, aumento de los costes energéticos y del salario mínimo de los empleados”.
Ambos organismos han expresado la “confianza en el papel mediador de la Administración andaluza en este conflicto”, que no tiene otro fin que
“garantizar la calidad y la viabilidad de la asistencia sanitaria pública y privada en nuestra provincia y, en último término, en el conjunto de Andalucía”.
