El secretario general de la UGT-FICA Huelva, Luciano Gómez, ha presentado este martes una demanda de conflicto colectivo por impugnación de la tabla salarial del convenio colectivo del campo en la provincia, ya que, según los datos recogidos por el sindicato, su aplicación “supone una pérdida de renta para los trabajadores de unos 3,4 millones de euros”.
En declaraciones a los periodistas a las puertas del Palacio de Justicia de Huelva, Gómez ha puesto como ejemplo que “un recolector de naranja cobra, según la tabla, 39,75 euros al día y debe cobrar 45,98”, a lo que ha añadido que es “discriminatorio porque a los eventuales se les paga menos y no se les aplica el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un colectivo que es muy feminizado”.
Al respecto, ha precisado que “las tablas salariales aplicadas al campo onubense incumplen el Real Decreto del SMI que es operativo desde 1 de enero”, lo que considera “un motivo grave de incumplimiento y perjuicio para los trabajadores del sector, sobre todo porque, además sólo se aplican parcialmente en trabajadores fijos en las empresas; se penaliza y perjudica gravemente a todo el volumen de trabajadores eventuales y fijos discontinuos y eso no es admisible ni permisible”.
Por ello, desde el sindicato ha formalizado la impugnación de las tablas salariales y la anulación de las mismas, al objeto de que se aplique el SMI que “ya se está aplicando en otras provincias y comunidades autónomas como Extremadura o Murcia, Cataluña, Valencia”.
“Estamos en un horizonte en el que en Huelva tenemos el convenio más bajo de Europa y a pesar de eso aún se está ninguneando y evitando por parte del empresariado el cumplir con el SMI, lo mínimo que se despacha a la hora de percibir por los trabajadores”, ha manifestado, remarcando que esta acción supone, según los cálculos del sindicato “a bote pronto”, “un perjuicio al conjunto total de los trabajadores de 3,4 millones de euros en su conjunto, una cantidad muy importante que no se les puede quitar a los trabajadores”.
Por último, ha asegurado que estas acciones que defienden los derechos “no están reñidas con el diálogo”, por lo que ha hecho un llamamiento a Asaja y CCOO, organizaciones que sostienen el actual convenio del campo que fue impugnado por UGT el pasado 27 de noviembre y cuyo juicio se celebrará el próximo 19 de julio, para “negociar y llegar a soluciones en beneficio del sector”. De lo contrario, ha asegurado que habrá movilizaciones e incluso podría llegarse a una huelga general.
