Responsables de WWF han manifestado este martes su rechazo al “bloqueo del cierre de pozos ilegales en Doñana”, concretamente “de fincas ilegales de Lucena del Puerto (Huelva), donde “algunos agricultores” se han movilizado “para impedir el cierre de pozos ilegales por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en actuación coordinada con el Seprona de la Guardia Civil, bajo sentencia firme condenatoria de la Audiencia”.
WWF ha informado en un comunicado de que de esta forma “quiere mostrar su apoyo público a la CHG en defensa de la conservación de un recurso natural público como el agua, recurso que no puede seguir siendo expoliado por regantes ilegales en Doñana”.
Durante la jornada del pasado lunes cientos de vecinos, agricultores, trabajadores del campo, comerciantes –que han cerrado sus negocios– y de otros sectores de la localidad convocaron una concentración espontánea en el paraje donde se hallan 77 pozos ilegales sin sellar, que la CHG tiene planeado cerrar en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2017, tal y como indicó la confederación y que no pudo efectuar tras la movilización ciudadana que lo impidió.
De esta forma, la organización ecologista ha recordado que “en un estado de derecho es inadmisible este tipo de acciones”. “Las leyes están para cumplirlas y las sentencias para ejecutarse”, han subrayado. Así, ha insistido en que “varios agricultores no pueden elegir qué sentencias se aplican y cuáles no en función de intereses particulares”. En este sentido, desde WWF consideran como “extremadamente grave los hechos”, y han pedido que “la investigación llegue hasta el final”.
Por otro lado, el colectivo ha querido recordar al resto de instituciones y administraciones que “no pueden mostrar pasividad al respecto ni mirar hacia otro lado”, solicitando al Ayuntamiento de Lucena del Puerto y a partidos políticos en Huelva que “de inmediato se pongan a trabajar para que las sentencias se puedan ejecutar lo antes posible tal y como han dictaminado los jueces”.
Para WWF, “Doñana no puede seguir siendo un escaparate de agricultores ilegales, donde existe ley pero que parte de la ciudadanía impide que se ejecute”. Además, recuerda la “necesidad urgente” de “evitar competencia desleal” por aquellos que “roban agua y provocan daños a la imagen pública de la agricultura”, por lo que solicita la aplicación de las medidas necesarias establecidas en el Plan de la Corona Forestal y en la ley de aguas para “eliminar “agropiratas”, así como acciones para el apoyo y protección de los “agricultores legales” de la zona.
Asimismo, desde la CHG señalaron a Europa Press que ellos se limitan a “hacer cumplir la sentencia del TSJA del año 2017 pero, ante la concentración de los vecinos y por recomendación de la Guardia Civil, abandonaron los trabajos en esa jornada” del lunes.
No obstante, insistieron que ha sido un juez quien ha ordenado el cierre de estos pozos, que “obligaba al Ayuntamiento de Lucena a hacerlo o a la ejecución subsidiaria por parte de la CHG con cargo al Consistorio”. Por tanto, aseguraron que no saben cuál va a ser el siguiente paso pero sí tienen claro que “tienen que hacer cumplir estas sentencias”.
Por su parte, el alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora, ha indicado a Europa Press que “antes” de cerrar los 77 pozos ilegales se dé “alternativas” a los agricultores que necesitan el agua para llevar a cabo su trabajo, lo cual entiende que es una postura “razonable”, ya que el Ayuntamiento ha manifestado su respeto a las resoluciones judiciales.
Agricultores y vecinos de la localidad se reúnen a las 20,00 horas de este martes para decidir que acciones llevar a cabo para impedir el sellado de los pozos, mientras no obtengan el agua necesaria para su trabajo por otra vía.
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